(En)clave Comahue, N°24, 2018 FADECS - UNCo
Carolina Andrea Di Nicolo*
IPEHCS / UNCo / CONICET / FAHU
* Lic. en Geografía (Universidad Nacional del Comahue). Becaria doctoral en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS) del CONICET, Facultad de Humanidades (FAHU-UNCo). Líneas de investigación: proble-mas ambientales y actividad turística.
RECIBIDO: 18/12/17 APROBADO: 21/4/18
ResumenEl artículo proviene de los resultados obtenidos en la tesis de grado de la carrera Licenciatura en Geografía, de la Universidad Nacional del Comahue en 2011. En la misma se estudia de manera integral el conflicto social en torno al yacimiento minero de Campana Mahuida, provincia de Neuquén, que surgió en 2007 como produc- to de la intención de una empresa china de iniciar acciones de exploración y posibles acciones de explotación minera, y la comu- nidad local que manifestó su claro rechazo al proyecto. En caso de dar inicio al mismo, se podía convertir en el primer emprendimien- to minero a cielo a abierto de la provincia de Neuquén. Se hace hin- capié en el surgimiento y evolución del conflicto social acaecido. Sobre la base de una puja de poder dispar entre una empresa mega minera que cuenta con el apoyo del gobierno local y provincial y, un grupo heterogéneo de pobladores, se focaliza la red de vínculos que va forjando la población local logrando apoyo y adhesión, y constituyendo una resistencia contra el proyecto minero. Se detalla su accionar tanto a nivel local como provincial así como su enfren- tamiento judicial, donde se pone en evidencia la disputa por su territorio y sus recursos naturales así como el futuro de su pobla- ción. Además, quedan reflejadas posturas muy dispares que res- ponden a intereses diversos así como a una mirada distinta en cuanto a la naturaleza y a la vinculación con ella.
Palabras clave: megami-nería, resistencia anti-minera, actores sociales.
AbstractThis article is part of the results obtained in the Graduate Thesis in Geography at Comahue University in 2011. The social conflict around the mining site of Campana Mahuida, province of Neuquén, is studied in an integral way. This conflict emerged in 2007 as a result of the intention of a Chinese company to initiate exploration actions and possible mining activities, and the local community expressed its clear rejection of the project. In case of starting it, it could become the first open-pit mining project in the province of Neuquén. The emphasis is placed on the emergence and evolution of the social conflict that has taken place. Based on a power strug- gle between a mega mining company that has the support of local and provincial government and a heterogeneous group of inhabi- tants, the focus is placed on the network of links that the local population forges by fostering support and adherence, and consti- tuting resistance against the mining project. The analysis details its actions both at the local and provincial level as well as its judicial confrontation, which highlights the dispute over the territory and natural resources as well as the future of its population. In addition, very different positions are reflected that respond to diverse inte- rests as well as to a different perspective regarding nature and the relationship with it.
Keywords: mega mining, anti-mining resistance, social actors.
IntroducciónDesde los primeros años del siglo XXI, Argentina, como otros países de la región de América Latina, ha profundizado el proceso de exportación de bienes primarios a gran escala entre ellos los minerales, metales e hidrocarburos. Esto ha significado una reprimarización de la economía así como un marcado proceso de despojo caracterizado por la pérdida y concentración de tierras y recursos en manos de grandes corporaciones. Esto se observa en la presencia de emprendimientos de gran dimensión, mono producción, escasa diversificación económica y claros efectos destructivos sobre los territorios poniendo en evidencia una mirada eficientista de los mismos que los considera socialmente vaciables e incluso, áreas de sacrificio en pos de la producción en cuestión (Svampa y Viale, 2014).
En los últimos años, cabe destacar el rol de los capitales chinos en el contexto de una destacable expansión económica de su país, lo que supone una creciente demanda de materias primas y una revitalización no solo de Argentina, sino también de América Latina toda como proveedora de las mismas. La demanda del país oriental responde entonces a una necesidad para su propio crecimiento e independencia y no tanto a la búsqueda de una explotación con fines de lucro (Wagner, 2017).
Ante este avance de grandes capitales se produce el encuentro conflictivo con muchas de las comunidades locales que ven cómo sus derechos son soslayados sin poder expresar su punto de vista ni sus deseos. Campana Mahuida no ha sido la excepción a esta realidad y se vio envuelta en un conflicto a partir del interés de una empresa china por la presencia de cobre en uno de sus cerros.
Campana Mahuida es un paraje que se halla a la vera del río Agrio en
el centro-oeste de la provincia de Neuquén, en el departamento
Loncopué. Está a 18 Km. de la ciudad de Loncopué y a 293 Km. de la
capital provincial, tal como se observa en la Figura 1. La población
rural se dedica mayormente a las actividades agrícolas y cuenta con
500 habitantes (Censo del Año 2010). La mayoría de ellos pertenecen
a la comunidad mapuche Mellao Morales, que se halla dispersa en
diferentes parajes a pocos kilómetros de allí.
Figura N° 1
En 2007 la provincia de Neuquén a través de CORMINE (Corporación Minera de Neuquén) firmó un contrato con Emprendimientos Mineros S.A. para iniciar tareas de explora- ción en el Cerro Tres Puntas ubicado en el paraje Campana Mahuida, sin realizar audiencia pública ni consultas a la comunidad mapuche allí presente. Al año siguiente, la empresa comen- zó con trabajos de exploración (actualmente paralizados), lo cual que desató el rechazo de la comunidad al proyecto minero. Esto dio origen a diversas acciones llevadas a cabo por los dis- tintos actores sociales involucrados, entendiendo por actor social a las “...unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local” (Pírez, 1995: 3).
En este sentido, el rol del Estado (local, provincial, nacional) es clave, ya que las empre- sas multinacionales (en este caso, la empresa minera china “Emprendimientos Mineros S.A.”) requieren de un Estado activo que contribuya al desmantelamiento del Estado benefactor. “Las corporaciones multinacionales están ancladas en el Estado-Nación y dependen fuertemente de los gobiernos para sus actividades comerciales internacionales” (Petras, 1999: 17). De hecho, los gobiernos de la región aparecen como impulsores de proyectos extractivistas, independientemente de sus ideologías así como de la opinión de quienes pueblan los territorios en conflicto (Machado Araoz, 2012; Hadad, 2017). Esto queda en evidencia al analizar el marco legal vigente que regula la actividad minera en Argentina y que incluye numerosos beneficios económicos para las empresas y estimulan el arribo de inversiones extranjeras. Lo mismo sucede al identifi- car ciertos vacios legales como puede ser la falta de una ley que regule la actividad minera, situación en la que se encontraba la provincia de Neuquén hasta la sanción de la misma recién en 2010, en el marco del conflicto en estudio.
En lo que refiere al accionar de la empresa china en Campana Mahuida, “la estrategia de los chinos fue negociar con el Estado y pensaron que con eso era suficiente” (Oscar González, referente minero local en Wagner, 2017: 6). Dicho accionar está en línea con la mirada de los territorios que muchas empresas y gobiernos tienen como espacios vacios o socialmente vacia- bles e incluso, como territorios desérticos y/o áreas de sacrificio. Esa mirada pretende invisibi- lizar la verdadera situación local que en realidad cuenta con población, con actividades econó- micas y con una propia dinámica y organización, lo que los convierte en verdaderos territorios en disputa (Svampa, 2014).
Frente al avance extractivista no solo vinculado a proyectos mineros, han aparecido en Argentina y América Latina en general, numerosos movimientos sociales de diversas escalas que establecen alianzas y a través de variadas estrategias han logrado en muchos casos dete- nerlos, convirtiéndose en actores sociales colectivos con gran protagonismo en estos conflictos. Estas redes suelen estar conformadas por comunidades indígenas y campesinas, organizaciones religiosas, sociales, sindicales, académicas, políticas así como por iniciativas individuales entre otras (Wagner, 2017). Constituyen un heterogéneo grupo de voces que demandan “el derecho a decidir sobre sus territorios” (Machado Araoz, 2012: 55). En el caso de estudio se trata de una red compuesta por dos organizaciones vecinales (AVAL y AVACAM),1 la comunidad mapuche Mellao Morales y una organización campesina (Asociación de Fomento Rural Huecú-Co). A ellos se sumó la iglesia católica encabezada por el Padre D´ Orfeo y acompañado por la misionera Viviana Vaca, y los abogados Cristian Hendrickse y Elena Picasso,2así como docentes del Instituto de Formación Docente local, médicos del hospital, la radio local Arco Iris, entre otros. De esta manera, se conformó un conjunto diverso que resistió al avance minero.
Ahora bien, la puesta en marcha de este emprendimiento supone una previa valoriza- ción de los recursos naturales presentes en el área por parte de la empresa china. Sin embargo, hay distintas formas de ver los recursos naturales por parte de los actores sociales presentes, lo cual evidencia una distinta racionalidad, una diferente manera de valorizarlos y de hacer uso de los mismos. Ante diferentes valoraciones sociales, puede surgir un conflicto respecto a cómo hacer uso y manejo de ellos. Durante años primó un manejo extractivista de los recursos natu- rales fundado en la idea de que los mismos eran inagotables, como si existiera un stock ilimita- do de ellos. Este manejo supone elevados ritmos de explotación, superiores a los tiempos de renovación de los recursos y conduce a un deterioro o desaparición de los mismos: se sustenta así una mirada economicista de los recursos y no se considera los efectos que esta explotación puede producir en el resto del sistema natural. Esta metodología suele primar en las grandes empresas privadas cuyo principal objetivo es la maximización de ganancias. Resulta muy distin- to el manejo sostenible que supone el respeto por los tiempos de renovación de los recursos y la tasa de resiliencia de los ecosistemas (Bachmann, en Gurevich, -comp- 2011).
En la actualidad, y a causa de un uso intensivo de estos recursos naturales no renovables, los yacimientos con vetas de minerales prácticamente ya no existen en el mundo, lo cual ha des- pertado el interés por la búsqueda de yacimientos de minerales diseminados. Es por ello que se desarrolló una técnica que permite hacer rentable la extracción de 1 gramo (gr) de mineral en 1 tonelada métrica (tn) de mena. En este contexto, se utiliza el concepto megaminería como sinónimo de minería a gran escala. Sin embargo, este término no se restringe sólo a la magnitud de la explotación. Puede combinar todas o algunas de las siguientes características: mina a cielo abierto; separación de minerales y roca con la utilización de sustancias potencialmente conta- minantes (cianuro o ácido sulfúrico, por ejemplo); utilización de importantes volúmenes de agua y de energía; generación de drenaje ácido de mina; niveles de tráfico elevados, y genera- ción de pasivos ambientales importantes (como escombreras y diques de cola), entre otros posibles impactos. Asimismo, se trata de grandes proyectos llevados a cabo por empresas mul- tinacionales, cuyas ganancias son sumamente superiores a los beneficios que recibe tanto la provincia como el país (Wagner, 2008; Donadio, 2009).
Frente a este panorama, el objetivo del artículo es analizar el accionar, y en el caso de la comunidad local en particular, su organización ante el posible inicio de la exploración y explo- tación minera en el cerro Tres Puntas. Se evidencian posturas muy dispares entre los actores sociales que responden a intereses diversos, a una mirada distinta sobre la naturaleza y su vin- culación con ella así como a una determinada racionalidad, capitalista y/o ambiental (Leff, 1994). Previo al análisis, se detalla una breve descripción histórica sobre la actividad minera en el área de estudio ya que la misma es de larga data pero originariamente se practicaba utilizan- do técnicas a base de pico o pala y no a cielo abierto como ahora se pretende.
Para la obtención de la información se han utilizado fuentes primarias y secundarias. Como al momento de escribir la tesis el conflicto estaba sucediendo, la mayor parte de la infor- mación se obtuvo de los medios gráficos regionales (diarios, periódicos y medios digitales) así como de fuentes primarias a través de las distintas entrevistas realizadas a informantes clave en Neuquén Capital, Zapala, Campana Mahuida y Huarenchenque durante las salidas al campo. Asimismo se recurrió a diversa bibliografía acorde a la temática y a la lectura de normas legales de distinto alcance (municipales, provinciales, nacionales e internacionales). Además, en el pre- sente artículo se añadieron las últimas novedades legales del caso que sucedieron posterior- mente a la entrega de la tesis.
Referencias históricas para el análisis del conflicto minero
El conocimiento del distrito minero Campana Mahuida data del siglo XIX, cuando las vetas de plomo fueron descubiertas por mineros chilenos (1882), y durante algunos años lleva- ron a cabo trabajos de pirquineo (García, 1958). Desde finales del siglo XIX hasta los años 50 las minas pasaron por varias manos y ya por esos años los estudios hablaban de un yacimiento de plomo y plata en Campana Mahuida compuesto por nueve vetas paralelas de las cuales tres ofrecían buenas perspectivas futuras.
En los años 60 el Estado Nacional implementó diversos planes regionales para buscar depósitos de gran envergadura, entre los más relevantes cabe mencionar al Plan Cordillerano (1963-1968) y al Plan Cordillerano Centro (1968-1969). Producto de ellos, se determinaron áreas de reservas entre ellas Campana Mahuida (Méndez, s/f: 24, 27,30). Sin embargo, las eta- pas posteriores en pos de llevar a cabo la explotación de minerales no fueron realizadas en esos años (1960-1980) y se priorizó el desarrollo agropecuario, especialmente de soja con fines de exportación.3
En tanto, en la provincia de Neuquén, en 1975 se fundó CORMINE, una sociedad provin- cial que se dedicó a realizar diversas tareas con el fin de desarrollar los distintos rubros minera- les. En 1978 el área de reserva nacional de Campana Mahuida fue transferida a la provincia, y en 1989 la titularidad de la misma pasó a ser de CORMINE.4 Neuquén continuó investigando las posibilidades de la mina ante nuevas tecnologías5 con el propósito de aportar información que resulte atractiva para la iniciativa privada, quien sería responsable del desarrollo y puesta en marcha del proyecto.
Hasta ese momento el Estado nacional y luego el provincial fueron actores fundamenta- les para la minería, sin embargo desde los años 80 y principios de los 90, se llevaron a cabo diversas modificaciones que dieron inicio en su conjunto a un nuevo periodo de la minería en la región (Albavera et al., 1999). En América Latina se realizaron diversas reformas con la inten- ción de atraer capitales extranjeros y reducir el riesgo-país,6 entre ellas, liberar la economía, incrementar el protagonismo de la empresa privada, y poner énfasis en los mecanismos de mer- cado. En todas estas modificaciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tuvieron un papel relevante.
En el caso particular de la minería en Argentina, a inicios de los años 90 no era un país atractivo para las empresas inversoras pero la situación cambió radicalmente a causa de las modificaciones llevadas a cabo en la legislación minera incluyendo aquí las realizadas en el Código de Minería en 1992, entre otras.7 Los resultados comenzaron a verse en el año 1998 donde ya obtenía el 9,5% del total invertido en exploración en la región (Albavera, Ortiz et al., 1999: 65). En dichos años entraron en funcionamiento Bajo La Alumbrera (oro, cobre, plata, y posteriormente molibdeno) en Catamarca, Salar del Hombre Muerto (litio) en Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata) en Santa Cruz, etc.
Por su parte, en Campana Mahuida las tareas exploratorias realizadas por empresas pri- vadas continuaron en el área en los años 90, y en 2007 CORMINE firmó un contrato con la empresa china Emprendimientos Mineros S.A. para que ésta pudiera realizar tareas de explora- ción, con la opción a la compra. Como producto de dicho acuerdo, el tema volvió a tomar esta- do público pero con una clara diferencia: la población local mostró una firme postura de recha- zo al proyecto minero que ha generado el conflicto social en cuestión.
Procesos de movilización y organización popular
A continuación se realiza un análisis de la situación social vivida en torno al mega- emprendimiento minero; se mencionan los distintos actores sociales intervinientes así como los puntos de vista y acciones que se han llevado a cabo.
En octubre de 2007 comenzaron a observarse movimientos extraños, camionetas desco- nocidas y explosiones nocturnas en el campo de Domingo Lagos, situación que motivó el accio- nar del padre José María D’ Orfeo, actor relevante en el conflicto minero (Pedimos que pongan freno…, 5 de Mayo de 2009. Río Negro). Durante el aniversario de Loncopué, el sacerdote pidió explicaciones por dichos sucesos sospechosos a las autoridades presentes en el acto. Esto des- pertó el interés en muchos pobladores que querían expresarse y decidieron comenzar a reunir- se para compartir información al respecto. Las reuniones se iniciaron en noviembre y se reali- zaban todos los martes en la parroquia de Loncopué. A las mismas se invitó al intendente y con- cejales así como a personal de minería, tal como relata Viviana Vaca,8 y estos últimos les comentaron que se estaban iniciando trabajos de exploración (Pedimos que pongan freno…, 5 de Mayo de 2009. Río Negro). En tales encuentros se difundía la información recabada en dis- tintos medios, incluso en internet, y se iban interiorizando de proyectos mineros similares en otras partes del país y sus consecuencias así como de las novedades del caso local.
En ese momento, el abogado Cristian Hendrickse estaba viviendo en la localidad y cono- cía de cerca el conflicto de Esquel. Junto a él presentaron un amparo judicial ya que la empresa canadiense Golden Peaks que se había instalado en el cerro Mulichinco no había presentado dos instrumentos fundamentales para iniciar la exploración: los estudios de impacto ambiental9 y la audiencia pública. Ese amparo fue presentado desde AVAL, y la jueza Ivonne San Martin decidió suspender todas las acciones exploratorias con lo cual la empresa canadiense abandonó el lugar (Pedimos que pongan freno…, 5 de mayo, Noalamina). Dicha asociación surgió producto del mencionado conflicto.
En 2008 tomaron conocimiento que existía un claro interés por parte del intendente de Loncopué de avalar un nuevo proyecto minero, esta vez en el cerro Tres Puntas llevado adelan- te por la empresa china Emprendimientos Mineros. Ante este nuevo intento surge una nueva agrupación, AVACAM, que no solo conto con la participación de los vecinos de Loncopué, sino también con los de Cajón de Almasa y la comunidad mapuche Mellao Morales quienes ya vení- an trabajando en conjunto con la iglesia católica desde hace muchos años. Ello dio inicio al sur- gimiento de una red compuesta por organizaciones y referentes que apoyaron esta iniciativa y acompañaron la lucha. En tal sentido cabe añadir el apoyo de la Asociación de Fomento Rural Huencú-Có; la radio local Arco Iris (único medio local opositor a la radio municipal), la abogada de ENDEPA Elena Picasso, la médica y ex integrante de AVAL Adriana Milán, docentes de la comunidad, sindicato docente Aten, entre otros. Además, fuera del área de conflicto se enta- blaron lazos con el Foro Permanente de Medioambiente de Neuquén (FOPERMA), Derechos Humanos de Neuquén, Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, la Defensoría del Pueblo de Neuquén y algunos diputados provinciales. El apoyo de estas organizaciones y perso- nas permitió instalar el conflicto a nivel provincial.
Se configuró así una resistencia organizada, un heterogéneo coro de voces que se aunó para oponerse y denunciar. Son sujetos colectivos que impugnan la vía del crecimiento extrac- tivista (Machado Araoz, 2012 y 2015): una conformación social que no responde a filiaciones políticas, partidarias ni religiosas sino a un objetivo en común, la lucha anti-minera (Hadad, 2017). Como este nuevo proyecto se pretendía instalar en tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, la misma realizó una consulta interna a fines de 2008 entre los miembros presentes para saber su opinión al respecto. La decisión fue el rechazo unánime al proyecto y con ello, se sumaron al movimiento anti minero local (Picasso y Milán, 2011; Wagner, 2017). Con esta unión de agrupaciones comenzó la resistencia al emprendimiento chino que supo llevar a cabo de manera simultánea acciones tanto de manera directa (en las calles, en las rutas, en las escuelas, en el propio territorio), como a nivel institucional (mediante las acciones legales lleva- das adelante por los dos abogados ya mencionados).
En lo que refiere a la divulgación del conflicto, realizaron carteles, folletos y charlas (en Loncopué y en Neuquén Capital), difusión y concientización en las escuelas, compartieron videos, realizaron un programa de radio los días sábados, todo con el propósito de dar a conocer el problema y conseguir apoyo de toda la población de la zona. Asimismo, AVAL y AVACAM elabo- raron y difundieron un informe detallando información del tema.10En él, denunciaron las irre- gularidades del contrato de exploración con opción a compra que celebró CORMINE con Emprendimientos Mineros S.A. en abril de 2007,11 durante la gestión del entonces gobernador Jorge O. Sobisch. Según dicho contrato, CORMINE percibiría una regalía equivalente al 1,5% del Retorno Neto de Fundición (NSR) durante la vida del yacimiento minero siempre que las propie- dades mineras12 entren en producción y que la empresa inversora decida hacer uso de la opción de compra. O bien se estipulaba, en el Art. 13, la posibilidad de recomprar las regalías por parte de la empresa realizando un solo pago a CORMINE de U$S 2.000.000 luego de cumplido el año y medio de ejercida la opción de compra.
Este accionar de la comunidad se debió no solo a las irregularidades mencionadas anteriormente sino también a la preocupación por la probable contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de vegetación, modificación del paisaje, así como a los posibles efectos que podría provocar a la propia comunidad mapuche Mellao Morales, a su pueblo y a su cultura, en caso de dar inicio la actividad minera. Todo ello además tendrías efectos negativos sobre su principal actividad, la ganadería. (Pedimos que pongan freno… 5 de mayo 2009. Río Negro).
En relación al recurso hídrico, se suponía que la empresa china podría utilizar el agua de las vertientes locales mediante perforaciones o bien, la toma directa del río Agrio, principal recurso de la zona, con la consecuente contaminación que supone el lavado de metales. Según los pobladores, de comenzar la explotación minera la contaminación de las mencionadas fuen- tes de agua sería un hecho, así como la desaparición de sus actividades económicas tradiciona- les como ganadería y cultivo ya que por ejemplo, en el propio Cerro Tres Puntas se hallan las áreas de veranada donde pastan sus animales.
Por su parte, los sectores a favor de la minera también brindaron charlas algunas de las cuales contaron con la presencia del propio intendente13 y/o de algunos especialistas, que detallaron a la comunidad los aspectos positivos del proyecto y trataron de ofrecer tranquilidad a la población. Asimismo, se realizó una movilización en Zapala el día 21 de mayo de 2009 a favor de la minería que contó con miembros de empresas mineras, de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y de estudiantes universitarios afines a la actividad. También varios funcionarios y miembros de la minera se mostraron a favor de la misma, entre ellos el Gobernador de la Provincia de Neuquén, en ese entonces Jorge Sapag; Jaime Brown, Presidente de Emprendimientos Mineros S.A.; el Director Provincial de Minería, Carlos Portilla, Darío Mattio, Diputado de Zapala; el Ministro de Desarrollo Territorial Leandro Bertoya -quien mani- festó la necesidad de los recursos económicos que la misma podría producir para la provincia-, y el Intendente de Neuquén, Horacio Quiroga. (Aniversario de Loncopué: Bertoya… 22 de octu- bre de 2009. Río Negro.)14 Todos defendieron la actividad minera y minimizaron sus efectos negativos, destacando los futuros puestos de trabajo que generaría. Sin embargo, es preciso aclarar que la mayoría de los bienes de capital y demás insumos utilizados por estas empresas son importados, lo cual genera empleo indirecto pero en otros países. Además, prácticamente no generan encadenamientos o complejos productivos, porque exportan directamente sin generar mayor valor agregado, de manera que el ínfimo empleo que originan depende del enclave exportador y tiene bajísimas tasas de reproducción una vez que decae el ciclo extractivo (que en promedio es de unos 15 años). De manera que la afirmación de que genera muchospuestos de trabajo y mejora la calidad de vida de la población es un mito (Machado Araoz, et al. 2011).
Acciones judiciales por el emprendimiento minero
Este conflicto también se llevó la justicia. Allí la población local denunció legalmente que el contrato de exploración con opción a compra celebrado entre CORMINE y Emprendimientos Mineros S.A. en abril de 2007, se efectuó sin licitación previa y a un precio vil violando la Constitución Provincial en su Artículo 8015y las modificaciones a la Constitución Nacional de 1994. En esta última, en su Artículo 75, se declaran inembargables, inenajenables e intangibles los territorios de las comunidades originarias. Además se debe garantizar el respeto a su iden- tidad y deben participar en la gestión de sus recursos naturales, entre otros derechos allí deta- llados. Asimismo el Gobierno neuquino obvió consultar previamente a la comunidad mapuche tal como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Ley Nº 24.071.
Por otra parte, se había dado inicio a trabajos de exploración en el yacimiento sin la pre- sentación de un Informe de Impacto Ambiental exhaustivo para cada etapa de actividad y la previa aprobación del mismo así como la realización de la audiencia pública. Ante estas falen- cias puestas en evidencia, la provincia de Neuquén, a través de la Subsecretaria de Medio Ambiente, realizó tres intentos frustrados para efectuar la audiencia pública no vinculante para someter a consideración el proyecto Minero Campana Mahuida, para la Etapa de Exploración (Loncopué, la audiencia pública…. 20 de diciembre de 2008. La Mañana de Neuquén). En el Boletín Oficial del 19 de diciembre de 2008 se publicó la primera convocatoria prevista para el día 28 de enero de 2009 y junto a ello, las características del proyecto de exploración.16
Luego de la convocatoria el abogado de los vecinos autoconvocados, Cristian Hendrickse, realizó una presentación para suspenderla esgrimiendo entre sus fundamentos que la audiencia se había convocado con 19 días administrativos de antelación cuando la legislación exige un mínimo de 30.17Asimismo, sostuvo que la fecha propuesta coincidía con el periodo de verana- da en alta cordillera de la población rural y con la temporada de trabajo en el complejo termal Caviahue-Copahue (Pedimos que pongan freno…5 de mayo de 2009. Río Negro). Ante dicho pedido, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de Zapala, a cargo de la jueza Ivonne San Martin dispuso la suspensión de la audiencia pública (La Justicia suspendió la audiencia…, 30 de Diciembre de 2008. La Mañana de Neuquén, p.21).
La segunda audiencia pública fue propuesta para el 1 de abril de 2009, sin embargo la comunidad local presentó un nuevo recurso de amparo ante el juzgado de Zapala para frenar la misma. En la entrevista realizada a la prosecretaria de la Secretaría Nº 1 del Juzgado, la Dra. Susana Dinamarca explicó que se admitieron los amparos presentados por la comunidad mapu- che y ante las dudas presentes, se decidió suspender la audiencia. Luego de ello, convocaron a una marcha que fue multitudinaria e histórica para Loncopué con la presencia de unas 2.000 personas en contra del proyecto minero. Una movilización que no solo mostró su postura sino que también sirvió para detallar el ambiente social de la localidad denunciando “aprietes” de funcionarios provinciales, destrozos en la radio Arco Iris y amenazas contra docentes (Enérgico rechazo a la explotación minera…, 5 de Abril de 2009. Río Negro).
Finalmente, la tercera audiencia fue propuesta para el 30 de septiembre de 2009. Para ese nuevo llamado volvieron a presentar recursos de amparo para frenar la audiencia; además, la comunidad Mellao Morales presentó un recurso para solicitar la nulidad del contrato de COR- MINE con la empresa china por no respetar el Convenio 169 de la OIT (Wagner, 2017). Sumado a las acciones legales, realizaron diversas acciones en Loncopué. Decidieron realizar un corte de ruta informativo en el acceso al pueblo para detallar el conflicto y demoras entre dos y tres horas a funcionarios y personas pro-mineras. (Vecinos mantienen…. 26 de septiembre de 2009. La Mañana de Neuquén). La comunidad mapuche también cortó un camino alternativo, sufrien- do la demora el propio intendente de la localidad. Asimismo, organizaciones de Neuquén capi- tal y autoridades de la comunidad Mellao Morales solicitaron reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se efectuó días previos a la fecha pautada para la audiencia. Incluso dos días previos a la misma, integrantes de las organizaciones de Loncopué viajaron a la capital provincial para ejercer presión ante el TSJ. Además, tenían planificado tomar el gim- nasio municipal donde se realizaría la audiencia en caso de que la respuesta del TSJ no fuera la esperada, pero ello no fue necesario (Wagner, 2017; Hadad, 2017). “La Cámara de Apelaciones de Zapala concedió el recurso de casación que presentó la comunidad mapuche Mellao Morales para apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).” (Audiencia por la mina: decide… 25 de septiembre de 2009. Tres Líneas). El día 28 de septiembre, el TSJ resolvió tomar la medida cau- telar de no innovar deteniendo así todas las actuaciones relacionadas con el contrato celebrado entre CORMINE y la empresa china. De esta manera el TSJ falló a favor de lo solicitado por la Comunidad Mellao Morales y suspendió por tercera vez la audiencia (Campana Mahuida: se frenó…., 29 de Septiembre de 2008, Río Negro). Esa gran noticia se vivió como un día de festejo para la comunidad local.
A mediados de octubre de 2009, CORMINE y la Fiscalía de Estado presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la mencionada medida cautelar18 pero en abril de 2011 el TSJ consideró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados (El TSJ rechaza apelación…., 6 de abril de 2011, Río Negro). Durante ese mismo año, miembros de AVAL aspiraban a lograr la sanción de una ordenanza de iniciativa popular que prohibiera la minería dentro del ejido municipal de Loncopué. A tal fin, presentaron un proyecto al Concejo Deliberante avalado por el 24% del padrón electoral (requerían solo el 15%). El Consejo lo rechazó y esto condujo a la realización de un referéndum: debía votar la mitad más uno del padrón electoral y si el resultado era positivo, se convertiría en ordenanza. En el trans- curso de los acontecimientos, hubo cambio de autoridades municipales y la nueva intendenta había prometido la realización de dicha consulta (Hadad, 2017; Wagner, 2017). Finalmente, el 3 de junio de 2012 se realizó el plebiscito vinculante con la participación del 72% del padrón, y la comunidad de Loncopué votó en un 82% por la prohibición de la megaminería en el ejido municipal, lo cual significó la paralización de todas las acciones referidas al proyecto minero y la prohibición de toda acción dentro del ejido, ante la nueva ordenanza.19
Frente a esta clara respuesta de la población local, en el año 2016 el Director Provincial de Minería Carlos Portilla expresó que “Desde lo judicial se estableció que se puede hacer un nuevo llamado a audiencia pública (por Loncopué) (...) pero hay una realidad que no la pode- mos soslayar y es toda esta expresión social que se encuentra en contra de la actividad” (El director de minería defendió…, 21 de abril de 2016, Río Negro). El tiempo relatará los próximos sucesos legales del caso, por el momento el panorama muestra una victoria para la comunidad local aunque tal victoria podría no ser definitiva.
Debate en la legislatura provincial
Producto de este conflicto y de la resistencia organizada que se ha detallado, el debate llegó a la Legislatura de la Provincia de Neuquén, donde se esgrimieron diferentes posturas y se crearon varios proyectos de ley referidos a la actividad minera. Cabe señalar que la provincia no contaba hasta ese momento con una ley al respecto. En tal sentido, el diputado provincial Rodolfo Canini (bloque Une-MUN-PS)20presentó dos proyectos: uno en 2008 (Proyecto 6215. Expediente D 462/08) y otro al año siguiente (Proyecto 6392. Expediente D 126/09). En el pri- mero propuso prohibir la utilización de cianuro, mercurio y/o ácido sulfúrico en el proceso de exploración, explotación, extracción y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, mientras que en el de 2009 sugirió prohibir directamen- te la actividad minera a cielo abierto en todas sus etapas dentro del territorio de Neuquén.
El otro proyecto de ley presentado fue el de los diputados Hugo Goncalves y María Soledad Martínez del partido político Frente Alternativa Neuquina (Proyecto 6388. Expediente D 120/09). En el mismo se estableció una Zona de Protección Ambiental con un radio de diez kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial que esté constituida como munici- pio en la cual no se podrían utilizar mercurio, cianuro o ácido sulfúrico en los procesos indus- triales mineros (Art. 14), y una Zona de Protección Ambiental con una extensión de mil metros de ancho desde el área de riesgo de inundaciones de todos los ríos, arroyos y cuerpos de agua del territorio provincial (Art. 15). De esta manera, este proyecto no prohibía la minería, solo limitaba el área de utilización de las sustancias tóxicas.
Luego de varios meses, este último proyecto se convirtió en la actual Ley Nº 2682 que regula la actividad minera en la provincia de Neuquén, promulgada en diciembre de 2009 y publicada en enero de 2010. Si bien no es lo que hubiese deseado la comunidad de Loncopué, la elaboración de una norma legal y el debate en la legislatura provincial da una pauta de lo importante que fue el conflicto y del impacto que tuvo el mismo, no solo a nivel local sino tam- bién provincial.
Esta resistencia social creció y se sostuvo en el tiempo pero además actuó de manera compacta, organizada y en varios frentes. Para que ello fuese posible, se destacaron algunos actores sociales que fueron muy significativos para la comunidad por el rol que cumplieron en el conflicto. En tal sentido, cabe destacar el rol de la Iglesia católica, que con una incidencia importante en las decisiones socioeconómicas locales (Wagner y Giraud, 2017), actuó como medio de comunicación y como lugar de encuentro y difusión de información.
En otros sitios es posible encontrar una Iglesia con una postura opresora y neo-coloniza- dora que, junto al Estado, puede estar al servicio de las empresas trasnacionales y del modelo extractivo (Picasso y Milán, 2011); sin embargo, esto no sucedió en Loncopué. Allí, la iglesia tiene una larga trayectoria de apoyo a las comunidades locales y en la figura del padre D’Orfeo se ha ganado el respeto y liderazgo producto de su propio accionar.
Otros actores clave han sido los abogados participantes en el caso (Cristian Hendrickse y Elena Picasso) especializados en derecho indígena y derecho ambiental, lo cual les otorgó el conocimiento técnico necesario para enfrentar a la empresa china con herramientas legales. Su participación fue certera y rápida, lo que evidencia que sabían bien de lo que se trataba (Hadad, 2017; Wagner, 2017).
La presencia de estos actores y su accionar permite comprender cómo se amalgamaron personas y organizaciones de distintos lugares y cómo actuaron en varios frentes de manera simultánea. Esta resistencia organizada creó una red de organizaciones y personas que permitió dar a conocer el problema, difundirlo más allá de Loncopué, ejercer presión social y enfrentarlo. Asimismo, es destacable el rol de la justicia. En tal sentido, en el informe realizado por James Anaya para la ONU sobre los pueblos originarios y los numerosos conflictos sobre sus territo- rios, se subraya:
el rol de las justicias provinciales, las que parecen formar parte del problema, antes que de la solución. En efecto, los tribunales provinciales (jueces y funcionarios), suelen descono- cer la legislación internacional, nacional y provincial sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios y en no pocos casos dan prueba de un acendrado racismo en sus fallos, en la medida en que fallan de modo sistemático en favor de las corporaciones transnacio- nales y de los grandes propietarios privados. (Svampa y Viale, 2014: 76-77)
Afortunadamente eso no sucedió aquí hasta el momento y es por ello que cabe mencio- nar el accionar llevado a cabo por los representantes de la justicia, en particular la jueza de Zapala Ivonne San Martin, quien suspendió las audiencias públicas, así como el TSJ que hizo lo propio también. Ambos han sido decisores importantes en el conflicto.
Análisis integral del conflictoA partir del análisis realizado sobre el conflicto social por el posible desarrollo del emprendimiento minero, se puede expresar que se plantea una disputa entre distintos usos del suelo, cosmovisiones de los territorios y sus elementos, y ello repercute en el vínculo y relación que se establece entre los distintos actores sociales y la naturaleza. La población local realiza mayormente actividades ganaderas vinculadas con la cría de chivas, ovejas, vacas y caballos. También existen algunas chacras que se dedican al cultivo y la exportación de fruta fina con des- tino a EEUU. Si bien toda actividad que realiza el ser humano genera modificaciones al entorno, la relación que establecen con su medio natural supone un manejo de los recursos naturales más equilibrado y genera menos transformaciones e impactos negativos.
El otro uso que se plantea es el que propone la empresa china, es decir la actividad mine- ra a gran escala que involucra la voladura de rocas y el uso de químicos para la obtención de los minerales presentes y su posterior exportación sin producir un valor agregado al mismo. Esta iniciativa supone un manejo claramente intensivo y extractivista de los recursos naturales cuyo vínculo durará un tiempo acotado, mientras existan minerales rentables y posibles de ser extraídos.
Estos distintos tipos de uso de suelo y de recursos naturales representan dos modelos de desarrollo muy distintos. El primero, el que lleva a cabo la población local, propone un modelo que practican hace décadas e implica un desarrollo a largo plazo en el cual los trabajadores son los propios pobladores y los ingresos generados por éstos quedan en el lugar reproduciéndose in situ ya que ellos viven ahí, al igual que sus familias. El otro modelo es de tipo extractivo. Básicamente consiste en una empresa extranjera que se instala en la zona empleando una cier- ta cantidad de pobladores locales y los otros (principalmente, el personal calificado) son forá- neos; la duración de este modelo está limitado por la tecnología existente que permita una explotación rentable. En este caso, se estima una duración de 20-30 años y en este lapso los beneficios económicos para la población local son mínimos en términos relativos y los costes ambientales producidos son elevados. Los casos de explotación minera a cielo abierto que están en producción en Argentina son prueba de lo dicho así como los conflictos suscitados en torno a ellos. Este último modelo manifiesta una clara racionalidad capitalista por parte de la empresa china cuyo principal objetivo es la maximización de ganancias en un corto periodo de tiempo, en tanto que la comunidad local esgrime una racionalidad muy distinta, donde lo prioritario no es la generación de beneficios económicos sino el mantenimiento de una determinada calidad de vida sustentada en el buen estado de su entorno natural. Estas claras diferencias están respaldadas por distintas formas de concebir la naturaleza. La población mapuche, dueña de las tierras donde se pretende realizar la explotación, considera a la tierra como un espacio natural que es una fuente de conocimientos, que les brinda identidad y cultura. Mantienen una relación de respeto con ésta en la cual las actividades económicas que realizan conservan un equilibrio, redistribución y complementariedad con la naturaleza y el entorno que los rodea. Es considera- da, al igual que los demás elementos naturales, como un bien colectivo, es decir que les corres- ponde a todos los miembros de la comunidad y es una mirada que coincide con el concepto de “bienes naturales comunes” que es más abarcativo que el concepto económico y utilitarista de “recursos naturales”. Este último los considera mercancías ya que desconoce sus demás atribu- tos como los servicios ambientales de la naturaleza, y su valor simbólico, de existencia y de lega- do (Wagner, 2010). Muy distante se encuentra la visión occidental respecto a los recursos natu- rales. Esta mirada los identifica como la materia prima para luego ser trasladada, procesada y vendida; se evidencia la apropiación privada de los recursos con fines de lucro, y son concebidos como un conjunto de elementos a partir de los cuales se producen ingresos económicos dejan- do de lado las condiciones preexistentes de los lugares donde desean instalarse. Claramente son miradas antagónicas que explican su accionar así como las tensiones existentes entre la racionalidad capitalista propia de estas sociedades y la que poseen otras culturas subalternas (Seaone et al., 2010).
Lo que se cuestiona es el modo de extracción minera y la escala de la misma, ya que al ser baja la concentración de minerales, algunas de las posibles técnicas requiere como primer paso dinamitar los cerros y el uso de sustancias químicas. Décadas atrás se practicó la minería en la zona extrayendo manualmente los minerales mediante el uso del pico o la pala, y coexistió durante algunos años con la práctica ganadera. Sin embargo, la diferencia que hoy se plantea es la escala de la explotación y la técnica a emplear, que imposibilita la convivencia entre ambas actividades. Un ejemplo puntual se centra en las vertientes y mallines ubicados en el propio cerro Tres Puntas y utilizados por la comunidad como sustento alimenticio del ganado. El posi- ble inicio de la explotación minera representa una gran preocupación para la comunidad local.
Reflexiones Finales
La minería es una actividad económica como tantas otras que se halla inserta en un entramado político, económico y social, y son los actores sociales intervinientes, el eje y motor para que dicha actividad se lleve a cabo o no. Son ellos los que deciden, a través de las fuerzas de poder, de qué manera se realiza. Es preciso remarcar que, para que se lleve a cabo la extrac- ción del mineral, antes debieron sancionarse leyes que lo permitan, y firmarse contratos que habiliten el inicio a dichos emprendimientos, y eso ha sido realizado por actores sociales de nuestro país y/o de la provincia de Neuquén. Por ello, cuando las poblaciones locales afectadas hablan de saqueo, no solo hacen referencia a la pérdida de su recurso tierra sino también a la sensación de “estar siendo robados” con la autorización y consentimiento de sus propios com- patriotas y representantes políticos.
A lo largo de estas páginas se identificaron los argumentos de los distintos actores socia- les que fundamentan sus posturas sobre el cuidado del medio natural y de la cultura ancestral por un lado; y la generación de recursos y puestos de trabajo, por el otro. Son los actores socia- les los que a través de sus decisiones van produciendo y construyendo el territorio a lo largo del tiempo. En ese proceso de construcción social, es importante destacar que la comunidad local unida en una resistencia anti minera decidió que dicho proyecto minero, extractivo y degradan- te, no formaría parte del territorio de Campana Mahuida. En tal sentido, cabe resaltar la articu- lación y perseverancia de la población local que se organizó para emprender esta lucha enfren- tando decisiones políticas así como a una megaempresa extranjera. Fueron tres años, de los cuales la mitad de ese tiempo fue de mucha tensión y en un lugar donde los medios de comu- nicación (celulares, televisión, Internet) que pudieran facilitar su articulación no son de uso masivo en la población en conflicto. Es por ello que su unión y organización, es digna de reco- nocimiento ya que constituyeron una resistencia organizada que supo actuar de manera com- pacta y acertada durante el conflicto.
Notas
1. AVAL: Asociación de vecinos autoconvocados de Loncopué; AVACAM: Asociación de vecinos autoconvocados de Campana Mahuida.
2. La Dra. Picasso, además, forma parte de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen).
3. El cultivo de soja ocupaba a principios de la década de 1970, 79.800 has para la campaña 1971/72. Para 2007-2008 el área sembrada con soja superaba los 16 millones de hectáreas con una producción total de 47 millones de toneladas (Cadenazzi, 2008). Tendencia que ha continuado en los años posteriores, con 58,5 millones de toneladas producidas en los años 2015-2016 (Ybran y Lacelli, s/f).
4 Proyecto Campana Mahuida (1989: 8); Scudelati & Asociados Asesores. Informe de Impacto Ambiental. Etapa de Exploración (2008: 17).
5 En Proyecto Campana Mahuida, (1989: 2-4).
6 El riesgo país es “un índice que pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en instrumentos representativos de la deuda externa emitidos por gobiernos de países “emergentes”. Tal riesgo es el de no pago por parte de los gobiernos emisores de las sumas comprometidas (capital e intereses (...) cuanto mayor es el riesgo de incobrabilidad de un crédito, mayor es la tasa de interés que pretende el prestamista de los fondos”. Recuperado de http://www.riesgopais.com/index.php?s=riesgo
7 A ello se deben sumar otras como la Ley de Promoción Minera (No 22.095/1975); Ley de Inversión Minera (No 24.196/1993); Ley de Ratificación del Acuerdo Federal Minero (No 24.228/1993); Ley del Régimen de Financiamiento y Devolución Anticipada del IVA (No 24.402/1994); Código de Minería (Dto. No 456/97); Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera (No 24.585/1995); Ley de Actualización Minera (No 25.429/2001); Estabilidad Cambiaria (Dto. No 417/03); Disponibilidad de Divisas (Dto. No 753/04), entre otras. Datos obtenidos de O. Prado (2005: 14) y M. Svampa, y M. Antonelli (2009: 36).
8 Viviana Vaca es vecina, religiosa, coordinadora de ENDEPA y maestra de una escuela especial (Hadad, 2017).
9 El Código de Minería (Ley Nº 1919 con modificaciones de la Ley Nº 25.225 del año1997) establece (Art. 248, 251, 252, 253 y254) que deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad (prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento, entre otras) un Informe de Impacto Ambiental. El mismo es aprobado o rechazado por dicha Autoridad. Las actividades de prospección y exploración requie- ren además, la aprobación previa del Informe, antes de la iniciación de labores. La ley Provincial de Minería, Nº 2682 estipula (Art. 6, 7, 8 y 9) los mismos requisitos establecidos en el Código Minero respecto a la presentación de un Informe de Impacto Ambiental antes del inicio de cualquier actividad y la necesaria aprobación previa del mismo, antes de comenzar actividades de prospección y exploración.
10 Informe presentado por AVAL y AVACAM en diciembre 2008 y difundido en sucesivas charlas, como la brindada en la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue en 2009.
11 En el Artículo 4º del contrato se estipula el precio que el contratista pagará a CORMINE por los derechos de explora- ción y la opción de compra de las propiedades mineras. El monto es de U$S 300.000 a pagarse dentro de los 90 días de firmado el contrato para poder realizar las tareas de exploración, y dentro del período de un año, de U$S 1.000.000 para efectivizar la opción de compra de las propiedades mineras.
12 Se denomina así a la mina Campana Mahuida, situada dentro del Área de Reserva Minera denominada Campana.
13 Aunque tiempo después su propio Concejo Deliberante declaró “no conveniente y contrario al interés mayoritario de la ciudadanía de la región de Loncopué y zona de influencia” al proyecto (Por fin concejales se sumaron al rechazo del proyecto. (6 de octubre de 2009). Sitio No a la mina. Recuperado de https://noalamina.org/argentina/neuquen/item/2942-por-fin-concejales-se-sumaron-al-rechazo-de-proyecto-minero.
14 Para mayores detalles, véase también: Aclaran aspectos sobre audiencia pública. (7 de octubre de 2009). La Mañana de Neuquén, https://www.lmneuquen.com/aclaran-aspectos-audiencia-publica-n42683; Explotación minera en Campana…. (10 de marzo de 2009). 8300 Web http://www.8300.com.ar/2009/03/10/explotacion-minera-en-cam- pana-mahuida-cobre-por-baratijas/
15 Artículo 80: “Toda enajenación de los bienes fiscales, compra, adjudicación de servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se hará por licitación y previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos. Una ley gene- ral establecerá el régimen de excepciones. [...]”. Recuperado de http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/constituciones/constitucion_nqn/cnqn_art74a89.htm
16 Se ejecutarán 42 perforaciones con profundidades que variarán entre 44 y 103 metros; para cada perforación se construirá una locación con áridos, nivelando el terreno y se usarán Iodos estabilizadores y lubricadores del pozo; el pro- yecto impactará sobre el suelo y la vegetación por el desmonte en la construcción de cada locación. Como medidas de mitigación, la empresa se compromete a reducir la superficie de afectación de caminos y locaciones, utilizando las hue- llas existentes y para la etapa de abandono se prevé la revegetación de las locaciones y caminos en desuso, restable- ciendo las geoformas circundantes. Se encamisarán y cementarán los pozos realizados para evitar posibles intercone- xiones de acuíferos. Boletín Oficial. 19 de Diciembre de 2009. Recuperado de: http://boficial.neuquen.gov.ar/pdf/bo08121903118.pdf
17 Decreto Reglamentario de la Ley Nº 2267.
18 Texto original del recurso en http://www.8300.com.ar/2009/10/14/el-gobierno-apelo-en-la-corte-suprema-el-fallo- que-cuestiona-el-contrato-de-campana-mahuida/
19 Recuperado de http://www.8300.com.ar/2015/06/09/loncopue-actividades-a-tres-anos-del-no-a-la-mina/
20 Unión de los Neuquinos, Movimiento de Unidad de los Neuquinos y Partido Socialista, respectivamente.
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