Revista de Historia, N° 19, Diciembre 2018, pp. 59-80 Departamento de Historia, Facultad de Humanidades,

Universidad Nacional del Comahue.

ISSN-e 2591-3190

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index

Glenda Miralles * y Claudia Rosana Cipressi **

glendami@fibertel.com.ar

* Profesora y licenciada en Historia, Universidad Nacional del Comahue. Doctora en Historia, Univerisdad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Docente en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNCo). Actualmente dirige un proyecto de investigación titulado “La educación en la prensa escrita regional. Un análisis de la historia de la educación rionegrina (1973-2000)”

**Profesora en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Especialista en Cultura Letrada en Argentina, Universidad Nacional del Comahue. . Docente en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNCo). Codirectora del proyecto de investigación sobre historia de la educación en Río Negro: “La educación en la prensa escrita regional. Un análisis de la historia de la educación rionegrina (1973-2000)”

Resumen

El interés por retomar la política de extensión en la Universidad Nacional del Comahue radica en que, de los postulados de la Reforma Universitaria de 1918, la extensión universitaria nace con el mandato de vincular sus actividades con la comunidad en términos de integración democrática, compromiso y orientación social de la misma. Tanto la extensión universitaria como la misión social de la universidad latinoamericana fueron recurrentes en el discurso del manifiesto de la Reforma y tuvieron su bautismo inaugural en el seno de aquellos acontecimientos. A partir de entonces, la «extensión» se ha expresado con distintos perfiles a lo largo del tiempo y aún hoy se incluyen en ella diversidad de tareas y objetivos, dando lugar a una marcada heterogeneidad en sus opciones que no aparecen en el resto de las funciones universitarias. Por ello, el propósito de este artículo es analizar —desde la historia de la educación— la política de extensión que se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Comahue para reflexionar acerca del sentido que asumió, sobre todo en la década de los años 90.

Palabras clave: Reforma Universitaria, Universidad Nacional del Comahue, Extensión, Transferencia de Servicios

Abstract

The interest in revisiting extension policies at Comahue University is based on the fact that, as postulated in the 1918 University Reform, university ‘extension’ stems from a mandate linking its activities with the community needs in terms of democratic integration, compromise and social orientation. University extension and the social mission of the Latin American universities were concepts recurrently evoked in the manifesto for the Reform and it was at that time when extension was first introduced.

From then on, Extension has adopted different forms and, even today, a wide range of activities and objectives are included in Extension, paving the way to a marked heterogeneity of options that are not found in any of the other university functions. Therefore, the purpose of this article is to analyze, from the point of view of the History of Education, the extension policies implemented at Comahue University in order to reflect upon the role of extension, especially during the 90s.

Keywords: University Reform, Comahue University, Extension, Transfer of Services

El propósito de este artículo es analizar —desde la historia de la educación— la política de extensión que se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para reflexionar acerca del sentido que asumió, sobre todo en la década de los años ´90. Los lineamientos de las políticas universitarias en dicha década generaron condiciones para que las universidades respondieran al desfinanciamiento presupuestario con distintas estrategias. Según Susana Vior y Norma Piglianitti, los principales instrumentos a través de los cuales el Estado modela, regula y organiza el proyecto universitario son la legislación y la asignación de recursos financieros para su funcionamiento.1

En este sentido, estudios realizados por docentes de la UNCo afirman que la política de extensión universitaria fue la que más impacto sufrió con la implementación de lineamientos nacionales que configuraron un nuevo patrón, despojándola así de sus perfiles sociales para subsumirla a un tipo más vinculado con el sector productivo y como instrumento de autofinanciamiento institucional.2

El interés por retomar la política de extensión radica en que, de los postulados de la Reforma Universitaria de 1918, la extensión universitaria nace con el mandato de vincular sus actividades con la comunidad en términos de integración democrática, compromiso y orientación social. Tanto la extensión universitaria como la misión social de la universidad latinoamericana fueron recurrentes en el discurso del manifiesto de la Reforma y tuvieron su bautismo inaugural en el seno de aquellos acontecimientos.

A partir de entonces, la «extensión» se ha expresado con distintos perfiles a lo largo del tiempo. Aún hoy se incluyen en ella diversidad de tareas y objetivos, dando lugar a una marcada heterogeneidad en sus opciones que no aparecen en el resto de las funciones universitarias. Así, las actividades de extensión se desplegaron en un amplio campo de posibilidades pero mantuvieron como nudo central su vinculación con el medio social en el que se insertan.

Cano Menoni afirma que “las características y alcances que asume la extensión universitaria en diferentes contextos universitarios o coyunturas históricas están vinculados a las tensiones y disputas entre los procesos universitarios y los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que los sobredeterminan”.3 En algunas universidades se consolidó bajo el modelo de la expresión cultural, en otras, como asistencia —asesoramiento a otras instituciones— y, en otros casos, generando espacios de educación popular. Al mismo tiempo, el autor sostiene que “en general, el desarrollo de la extensión se dio de modo disociado a los procesos de investigación y enseñanza universitaria, con importantes consecuencias a nivel pedagógico, político y epistemológico”.4 Da cuenta de ello que, según M. Fresán Orozco, tanto los conceptos de “extensión universitaria”, como los de “extensión cultural” o el de “preservación y difusión de la cultura” suelen utilizarse en forma indistinta, contribuyendo al equívoco respecto de su definición.5

Pueden sintetizarse las definiciones sobre la extensión universitaria en tres grupos de conceptos: a) en su sentido tradicional de «dar», del que tiene al que no tiene, del que posee el conocimiento y lo brinda a quien no lo tiene; b) en un sentido más pragmático de privilegiar los «servicios a la comunidad», extendiéndolos a aquellos que pueden pagarlo, contribuyendo así a sanear el presupuesto universitario y c) en un sentido solidario y dialéctico, donde la universidad se siente parte de su comunidad e interactúa horizontalmente y en ambas direcciones, de ida y de vuelta.

Independientemente de las posibles definiciones para las acciones englobadas en el concepto de extensión universitaria, todas comparten la preocupación de las universidades latinoamericanas por trascender las fronteras institucionales, aproximando su acción a distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, la definición que puede resumir las diversas acciones que engloba la extensión, según Domingo Piga, es la que define a

La extensión por excelencia como aquélla que interrelaciona activa y creadoramente la Universidad con la comunidad nacional, aquélla que contribuye por medio de la cultura universitaria (ciencia, arte, técnica) a transformar el mundo para crear otro mundo cuyos sistemas y estructuras socioeconómicas sean más justos, más dignos, y más éticos.6

Así también, es posible retomar aquellas expresiones que apuntan a que la función social de la universidad está en relación directa con las tareas de extensión:

La asistencia puede ser de índole muy diversa y apoyarse en una serie de actividades de distinta naturaleza y categoría. (…) Las propuestas pueden ser de tipo crítico o de carácter constructivo. Todas tienden a servir a la comunidad, a cooperar con ella, asesorarla y orientarla.7

La extensión es una necesidad de la universidad tanto como del país: cumple el papel de mantenerla comunicada con el “contorno social”. No es pues una acción benéfica voluntaria, ni una actividad marginal de la vida académica. Cuando no se cumple la comunicación, la universidad corre el riesgo de desarrollar una actividad cultural solo para universitarios.8

Un período clave en la historia de la extensión universitaria en nuestro país lo constituyó la creación del Departamento de Extensión Universitaria, en 1956, en la Universidad de Buenos Aires:

Su creación y el desarrollo de las actividades constituyeron parte del esfuerzo por construir una institución que en la legislación, estructura y actividad académica, respondiera a los principios de la Reforma: gobierno colegiado y tripartito, reformulación de la docencia y de la investigación, libertad y periodicidad de la cátedra, ingreso irrestricto, compromiso social de la universidad.9

Silvia Brusilovsky ubica en la creación del Departamento el inicio de la concepción de educación popular y explica que el mismo asumió la tarea de hacer efectiva la función social de la universidad, para lo cual se construyó gradualmente una compleja organización institucional, integrada por equipos estables multidisciplinarios como educación, economía, sociología, arquitectura, salud, asistencia social, ingeniería, psicología, etc., con el objeto de llevar a cabo un programa destinado a apoyar cambios en las condiciones de vida material y simbólica de los sectores populares.10 Dicha experiencia no solo sentó las bases de los principios de educación popular, sino que ofició de inspiración a futuros modelos de organización en la extensión.

Hacia el año 1971, el gobierno nacional consideraba la posibilidad de nacionalizar, al menos, dos universidades provinciales: la de Río Cuarto (que aún no tenía estructura) y la de Neuquén. La concreción de este proyecto respondió al proceso de creación de nuevas universidades nacionales, en los años 70, que inauguró una dinámica de expansión institucional mediante la cual el poder político buscó imponer a las casas de estudio un formato diferente, en oposición al modelo político y académico-institucional de las universidades tradicionales.11

El denominado “Plan Taquini” buscaba “descongestionar” la matrícula de las universidades metropolitanas hacia instituciones que funcionaran como satélites de aquellas, subsumiendo la idea de desarrollo a la de seguridad. Así, en su informe, Alberto Taquini, definía a las instituciones como “Nuevas universidades, independientes de los centros actuales de educación superior, libres de sus problemas, de orientación renovadora; no atadas a los intereses del continuismo ni del paternalismo académico de las actuales universidades”.12

Antes de finalizar el mandato de Levingston, a cargo del Poder Ejecutivo, la propuesta de creación de universidades fue incluida, a través de la Comisión Nacional de Desarrollo, en el llamado “Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975”, pasando a ser parte del debate público ya que marcaba un verdadero cambio de rumbo para el sector universitario. El Plan Nacional fue aprobado finalmente por el Decreto/Ley 19039, con la firma del nuevo presidente de facto, Agustín Lanusse.

El proyecto sirvió de base para la nueva política de Estado, pero formando parte, a su vez, de la discusión sobre la educación superior que había comenzado en la década anterior. Si bien el plan se afirmaba en un proyecto cultural educativo debería implicar una expansión cuantitativa, junto con una profunda renovación que seguiría los principios de modernización, descentralización y diversificación del sistema educativo en todos sus niveles. En cuanto a la educación superior, el Plan Nacional de Desarrollo planteaba el "redimensionamiento y reordenamiento geográfico de las actuales universidades y la creación de nuevas universidades e institutos superiores que [satisficieran] la expansión demográfica y [contribuyeran] al desarrollo regional".13

El Plan determinaba que Zapala, Neuquén y el Alto Valle conformaban un polo nacional de desarrollo y de ahí la presunción sobre el aumento de su matrícula estudiantil. Este fue el marco en el que se propuso la creación de una Universidad Nacional en el Comahue.14

Según Alcira Trincheri “No se trataba de poner en marcha una casa de estudios superiores, siguiendo los lineamientos formales de las que ya funcionaban en el país, sino que se tomaba como base la experiencia de la Universidad Provincial de Neuquén y los Institutos de Río Negro”.15

Si bien en el proyecto original de creación de universidades no estaba prevista la creación de la Universidad Nacional del Comahue, el gobierno de la provincia del Neuquén, aludiendo a un déficit presupuestario para afrontar los gastos de una institución que en el último tiempo había aumentado considerablemente su matrícula, desarrolló estrategias académicas y de difusión tendientes a su creación. También allí se hizo presente Taquini y comenzó a tomar fuerza la idea de nacionalizar esa universidad, aprovechando la particularidad de que desde sus orígenes se había proyectado como una institución regional, con algunas sedes en diferentes localidades de la misma provincia y otras en Río Negro.

La Universidad Nacional del Comahue fue creada por Ley 19177, en julio de 1971 — dicha ley se sancionó y promulgó en el marco de las atribuciones que el Estatuto de la Revolución Argentina, en su artículo 5, confería a quien ejerciera el Poder Ejecutivo Nacional, el General Lanusse— y en su artículo 2 establecía que las dependencias debían localizarse en el territorio de las Provincias del Neuquén y de Río Negro, de tal manera que se “asegure la adecuada proyección regional de las actividades de la universidad y la óptima utilización de los recursos de toda índole de que se disponga en su área de influencia”.

El acto de transferencia del establecimiento provincial se llevó a cabo el 17 de marzo de 1972 y tuvo la firma de: Gustavo Malek, ministro de Cultura y Educación; Felipe Sapag, gobernador de Neuquén; General Roberto Requeijo, gobernador de Río Negro y Marcelo Zapiola, rector organizador. En el caso de la provincia de Río Negro se transfirieron a la universidad sus Institutos de Enseñanza Superior: el Departamento de Idiomas y Letras; el Instituto de Servicio Social, con sede en Roca; el Departamento de Jardín de Infantes, con asiento en Cipolletti; el Departamento de Ciencias Exactas, de Bariloche y el Departamento de Humanidades, con sede en Viedma.16

Para el caso del Comahue, así como en el de su antecesora de Neuquén1717, la universidad surgió como necesidad del polo de desarrollo de la región, por lo cual atravesó un corto período bajo los modelos de universidad tecnocrática (1972-1973) y desarrollista (1973- 1974). Su creación estuvo asociada al desarrollo de la producción y explotación de recursos naturales, poniendo en marcha proyectos que articulaban la formación de profesionales y cientistas sociales con la investigación relacionada a los denominados «Institutos de Investigación», como el Balseiro, la Comisión de Energía Atómica y la Fundación Bariloche. Se potenciaba la “construcción de la integración de la Patagonia al país”. 18 Así también, el alumnado de la Universidad de Neuquén, emprendió acciones tendientes a la nacionalización de la Universidad de Neuquén, como lo fueron lasprimeras manifestaciones exclusivamente estudiantiles y las primeras “tomas” de las sedes de la Universidad.

La necesidad de transferir la institución provincial al Estado nacional asoció en un principio al conjunto del alumnado con las autoridades de Neuquén, pero muy pronto quedaría claro que detrás de aquella coyuntural unión subyacían diferencias en cuanto al proyecto de educación superior (…) en cuanto al proyecto de sociedad y de país.19

Si bien la política de expansión universitaria estuvo fuertemente orientada a una propuesta técnico-intelectual pretendió, a su vez, en el período de gobierno de Lanusse, dar respuesta a la necesidad del régimen de contar con apoyos políticos institucionales en el marco del Gran Acuerdo Nacional al que se convocaba. Este proceso de tránsito hacia la política de expansión universitaria incluía la estrategia de fragmentar el movimiento estudiantil bajo el modelo de futuras universidades que se constituyeran en “canales adecuados de participación”. En la misma política, la expansión universitaria, se vinculó estrechamente con el ritmo de la modernización económica y social aspirada, lo que dio lugar a un debate cualitativo sobre la misión de dichas instituciones. Sin embargo, los movimientos modernizadores no pudieron completarse debido a las discontinuidades político-institucionales y a la resistencia de algunos actores universitarios.20

Se conjugaron en esta creación la existencia simultánea de dos tendencias contrapuestas, por un lado, las demandas del entorno, que se convergían con el proyecto de “desarrollo regional” —entendida la región como un ámbito sobre el que podían aplicarse los conocimientos científicos para el crecimiento de las poblaciones locales— y, por el otro, el de las disputas políticas de la época en las que se dirimían las relaciones de fuerza entre grupos de expertos, burocracia estatal y estrategias diseñadas por el gobierno para conducir la situación de efervescencia social y política del período.21

José Echenique afirma, que mientras los sectores dominantes de las provincias de Neuquén y Río Negro bregaban por el proyecto de una “universidad regional” adaptada a las demandas del mercado de trabajo regional, los estudiantes más radicalizados, lo hacían por una “universidad al servicio del pueblo”, al servicio de la transformación del individuo y de la sociedad.22 Si bien ambos proyectos acordaban sobre la “proyección al medio” de la Universidad Nacional del Comahue, para el primer grupo significaba priorizar las investigaciones funcionales al desarrollo regional y para el otro, expresaba la atención integral de las necesidades sociales. Tampoco hubo acuerdos sobre el sentido del enunciado “abierta al pueblo”, mientras que para unos refería a la derogación de exámenes de ingreso y a un plan de becas y facilidades para los estudiantes, para la otra parte, se sumaban medidas para permitir el acceso de hijos de obreros a los estudios superiores. La creación de la Universidad del Comahue le permitió el acceso a estudios de nivel superior a un sector social de la región que de otra forma no hubiera podido hacerlo y se cumplió en parte con uno de los objetivos que motivaron su creación: el de dotar de profesionales a provincias en formación.23 En este sentido, la nueva Universidad pretendería, no sin dificultad, integrar ambas provincias en un proyecto regional común.

Alcira Trincheri define a la Universidad en sus primeros años como “La universidad que quiso ser y no pudo”,24 ya que vivió, institucionalmente, a partir de fines de 1974 y hasta 1977 los años más difíciles que serían los que marcarían a fuego su funcionamiento y su diseño futuro. El proyecto de universidad pensado como regional, quedó trunco con la asunción, el 4 de enero de 1975, del interventor Remus Tetu,25personero de los avatares políticos educativos nacionales de la «derecha peronista». En forma temprana, el Comahue será el laboratorio estratégico y campo de lucha ideológica donde se llevará a cabo una metodología aberrante de persecución a todo lo que se asemejara o pareciera a «la izquierda universitaria». Para el 24 de marzo de 1976 la tarea de depuración ideológica, limpieza y orden en la universidad estaba casi hecha”. Los recursos humanos que quedaron en la universidad, con Remus Tetu, permitieron que los militares entregaran el gobierno de la universidad a los profesionales que garantizaban los principios políticos de la dictadura militar.26El mismo interventor definió el perfil de su gestión en los términos de corregir la “alteración del orden público (…) el conflicto insoluble de la Universidad Nacional y la subversión contra los poderes de la Nación”.27

En la planificación originaria de la universidad se preveía la «extensión» entendida como transferencia planificada en conjunto con las políticas académicas y las de investigación. Esto significaba que la investigación respondía a necesidades de la región canalizándolas en institutos de investigación como, por ejemplo, el Instituto del Riego. En cuanto a la práctica concreta de la «extensión», el enfoque apuntaba a rescatar la vida cotidiana de los habitantes originarios y sus formas de producir, realzando los saberes populares. Un ejemplo de ello fue el “Proyecto Araucano”28 y el proyecto “Evaluación de diferentes alternativas de colonización de una parcela ubicada en la localidad de Plottier”.29

Al decir de Graciela Iuorno, el gobierno de la universidad invirtió una parte importante de su presupuesto en los años 1972-1974 promoviendo actividades de capacitación docente, en la compra de máquinas e insumos para computación y en equipos de tecnología de punta de radio y de TV. La Universidad, pretendió con estas acciones centralizar las políticas culturales y de transferencia con eje en Neuquén, para el conjunto de la Patagonia.30

Ese período, de corta duración, quedó congelado y en retroceso a partir de la intervención de Remus Tetu. Durante su gestión se profundizó el proceso de descentralización de la universidad, gestado desde el ámbito nacional, con la finalidad de descongestionar los espacios universitarios y crear nuevas casas de estudio dispersas geográficamente. En la UNCo se interesó por la creación de nuevos Centros Universitarios Regionales en ambas provincias y, aunque luego se comenzó a percibir como un problema, el 22 de abril de 1975 se inauguró el Centro Regional Villa Regina.

Conjuntamente, se intentó instalar en Allen la carrera de medicina y llevar adelante otros proyectos demandados por diferentes localidades.

En 1975 se nombra, por decreto presidencial, a Alberto Julio Dosko como rector normalizador. La gestión no duró demasiado porque el golpe cívico-militar del 76 impuso nuevas autoridades. El Cnel. Osvaldo Feijoo prohibió la actividad de los Centros de Estudiantes, se impusieron nuevas normas para el acceso al edificio de la universidad (como la exigencia de presentar DNI para entrar), se anularon los órganos de cogobierno, reformas de planes de estudio y “con carencia académica y científica, la misma gestión se encargó de consolidar una estructura docente y de investigación basada en el favor político y tendiente a una profesionalización en aquellos campos ajenos a los intereses sociales”.31 En julio del mismo año, el rector Cdor. Guillermo Ferrari impone el examen de ingreso, el arancelamiento, los cupos por carreras y el cierre de la carrera de Servicio Social.

Coincidimos con aquellos autores32 al plantear que, en Comahue, el proceso militar tuvo claramente dos etapas para con la política universitaria. Una, de control y depuración — iniciada antes del 76— y otra, de supuesta normalización que empieza con la Ley Universitaria 22207, durante la cual las tareas de extensión e investigación privilegiaron algunas áreas, sobre todo aquellas relacionadas con el desarrollo de estudios técnicos de factibilidad para la economía de la región. Específicamente, en lo que corresponde a «extensión», hacia fines de los años 70 e inicios de los 80, comienza a ponerse en marcha una política de extensión “culturalista recreativa”,33 entendida como difusión y organización de espectáculos musicales, predominando los folklóricos.

4 1 Los primeros años del retorno a la democracia

El período de la intervención retrotrajo a la universidad al modelo profesionalista del siglo XIX, formadora asépticamente de profesionales que fueran capaces de brindar servicios estratégicos. Se había dejado de lado la idea de una institución que conociera su medio, sus necesidades y decidiera con sus acciones incidir en esa realidad. Este modelo de universidad «profesionalista» había dejado fuertes marcas y una pesada burocracia administrativa que no fueron fáciles de superar.

En 1983, por Decreto nro. 154, se intervienen las universidades evocando los principios de la Reforma Universitaria, la vuelta al ingreso irrestricto y a los sistemas de promoción. “La ‘normalización’ en el año 1983 priorizó la docencia, se implementaron los concursos docentes y unido a la extensión y a la investigación, intentaron rescatar los programas primigenios de la universidad regional, sin éxito”.30En junio de 1984 y por Ley 23068, se estableció un año de plazo para la normalización de las universidades y el restablecimiento de las autonomías universitarias y de claustros.

Para Graciela Landriscini34 la UNCo necesitaba reconstruir su identidad, fortalecerse, expandirse, consolidar planteles académicos y bases materiales. El Dr. Arístides Romero, rector normalizador, optó por seguir los lineamientos marcados desde Nación. Promovió la regularización del claustro docente y dio curso a las impugnaciones puntuales y fundadas que surgieron, priorizando la gobernabilidad de la casa de altos estudios.

En 1986 se inicia la gestión del Dr. Oscar Bressan que se caracterizó por un impulso significativo en el área de investigación, promoviendo la producción científica a nivel de grado y posgrado y la interacción con CONICET y con otros organismos científicos nacionales e internacionales. El avance de las actividades de investigación se reflejaron en los 101 Proyectos puestos en marcha, en los 22 becarios graduados y los 23 becarios alumnos integrados a dichos proyectos.35 De este modo se creó la Secretaría de Investigación de la Universidad y de las distintas unidades académicas, como también el Consejo de Investigación de la UNCo.

La experiencia del sistema de investigación puesto en marcha llevó a que dichos mecanismos se proyectaran hacia el área de Extensión Universitaria con el objeto de lograr su sistematización.36 En algunas unidades académicas, las actividades de extensión se realizaron en el marco de la Secretaría de Investigación, mientras que en otras fueron desdobladas en dos Secretarías, de Extensión y de Investigación respectivamente0.37

Con el retorno a la democracia, se aprueba el Estatuto de la Universidad (1985) en el cual se establece la función social de la misma:

La Universidad, mediante la extensión universitaria, participa en el mejoramiento de la sociedad, a través de las actividades docentes y de investigación, y estableciendo las condiciones para que los futuros egresados participen de experiencias que los impulsen a asumir idéntico compromiso en su vida profesional. 38

Este fue el marco normativo en el que se desarrollaron las actividades de extensión hasta el año 1991. Los criterios, las modalidades y las prioridades las fijaba cada facultad o se canalizaban a través de los departamentos docentes. Esto daba lugar a una amplia gama de tareas y una gran heterogeneidad de actividades que se desarrollaban a través de ella.

En el sentido de la apertura de la institución, en 1987 y por Ordenanza nro. 265, se crea la emisora radial UNC-CALF en convenio con la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda., “procurando fortalecer la comunicación con todas las instancias públicas y privadas, regionales y locales, aprovechando la traducción y experiencia de profesionales, técnicos, graduados y estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, en articulación permanente con el periodismo local y regional”.39

4 2 Los años 90: servicios a terceros y transferencias

En el año 1991, con el objeto de organizar de manera eficiente la asignación de recursos universitarios, tanto humanos como financieros, en la actividad de extensión, se sancionó la Ordenanza nro. 230 para su normativización. A partir de ella, se creó el Consejo de Extensión de la Universidad40 y se establecieron los requisitos que debían cumplir los proyectos de extensión para presentar ante el Consejo que, a su vez, tenía la atribución de aprobarlos y de asignar los subsidios para su financiamiento. Esto comprometió, de alguna manera, a los gobiernos de facultades y centros y movilizó procesos de vinculación universidad-sociedad.

La citada ordenanza se destacó por explicitar, en forma minuciosa, los aspectos formales de la presentación y el control de los proyectos pero no mencionaba el carácter o tipo de actividades que se consideraban de «extensión universitaria». Esta omisión puede ser analizada por la redundancia de explicar lo que se entiende por «extensión» o, por el contrario, por la necesidad de dejar asentada en la norma la suficiente ambigüedad como para permitir que se asignen otros significados a dicho concepto. Esta posibilidad articulará con la orientación de políticas educativas que se deriva de la Ley de Educación Superior (LES),41 o con los lineamientos de los documentos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los que se problematizaba el tema del financiamiento de los sistemas de educación superior y se explayaban en claras recomendaciones tendientes a eludir la responsabilidad estatal de financiamiento.42 Al tiempo se alienta el arancelamiento estudiantil para “recuperar costos”,43 la “venta de servicios” o la «extensión» limitada a la vinculación con el sector empresarial.

Cabe recordar que en el contexto de dichas normas, las leyes 23696/89, de Reforma del Estado44 y 23697/89, de Emergencia Económica,45 posibilitaron los mecanismos para llevar adelante un profundo recorte en el gasto público, privatizar el patrimonio estatal y encuadrar la economía política argentina en los preceptos del denominado Consenso de Washington.46 En ese contexto comienza a profundizarse, en la educación latinoamericana, el “discurso de la calidad” en contraposición al discurso de la “democratización de la educación”.47 De este modo, Argentina asistía, según Sandra Carli,48 al abandono de la democratización del acceso a la educación por la que se caracterizó durante gran parte del siglo XX. Se llevaba a cabo la Reforma Educativa, la que Adriana Puiggrós resumiera en la fórmula “reducir a lo mínimo indispensable el sistema estatal, transformando a la educación de un servicio en una mercancía más, regida por las leyes del mercado”.49

El sistema de extensión implicó entonces, para la Universidad Nacional del Comahue, la puesta en marcha de programas de selección de proyectos financiables con subsidios así como gastos en personal, financiados por las unidades académicas a través de su crédito docente; es decir, incluyéndolos en la carga de actividad del docente, al tiempo que se pusieron en marcha concursos para becarios de extensión (Ordenanza nro. 269/91). La materialización de la transferencia al medio se concretó con la creación de la Editorial Universitaria (EDUCO) por Ordenanza nro. 955/93 y por el desarrollo de proyectos vinculados a temáticas de investigación y estudios prioritarios, planteados con contrapartes externas.50

La lógica de participación que permitiría la convergencia del financiamiento entre el sector público y el privado ya comenzó a gestarse en 1990 cuando, a propuesta del Rector Pablo Bohoslavsky, se aprobó la creación de la Fundación de la Universidad para el Desarrollo Regional (FUNYDER) en la cual, por estatuto, su conducción se compartía entre el propio Consejo Superior y asociados externos. Esta fundación ha generado un espacio para viabilizar la interacción y prestación de servicios en la red institucional público-privado.

En concordancia con el sentido de la Ordenanza nro. 230/ 91 sobre extensión, el Consejo Superior de la UNCo promulgó, por iniciativa de la Secretaría de Investigación, la Ordenanza nro. 317/ 91 y la nro. 160/94 a través de las que se reglamentaba el servicio a terceros: consultorías, convenios, asesorías y régimen de actividades de transferencia. La norma reglamentaba la transferencia de trabajos técnicos de alta especialización y tecnológicos financiados total o parcialmente por los beneficiarios del servicio. Si bien quedaba excluido el posgrado, abarcaba “mediciones, análisis, evaluaciones, dictados de cursos de capacitación y conferencias, etc.” En el artículo 5 de la Ordenanza nro. 317/91 se especificaba: “Los concomitantes de los trabajos podrán ser reparticiones nacionales, provinciales o municipales, empresas estatales o privadas, o cualesquiera otras personas”. A pesar de que el texto explicitaba que los servicios deberían tender —preferentemente— “a revertir los desequilibrios económicos sociales, cumpliendo con la función social de la Universidad (…) establecida en el estatuto” la norma se explaya ampliamente en los procedimientos administrativos, con especial énfasis en los relacionados con el financiamiento externo de las actividades.

Con estas ordenanzas quedó instalado en la UNCo el cobro de los servicios que tradicionalmente se venían realizando a través de extensión y que, en su mayoría, eran gratuitos y solo en algunos casos formalmente arancelados. Fue el inicio del declive de la función social de la extensión, ya que se definió a partir de allí un nuevo tipo de vínculo entre la sociedad y la universidad: la venta de servicios y el financiamiento externo. La facultad que vendía servicios disponía del 95% de lo recaudado y el 5% era distribuido solidariamente en la universidad. Esto generaba desigualdades al interior de las unidades académicas, ya que según el perfil y el carácter de la relación que se pudiera dar con su medio, tendrían «clientes» que las financiaran. Tal fue el caso de Ciencias de la Educación, cuya tradición se basaba en acciones de formación permanente destinadas a sus graduados a quienes no se les cobraba por asistir a ellas.

La instancia siguiente de declive de la extensión fue la sanción de la Ordenanza nro. 160/94, a instancias de la misma Secretaría, que detallaba minuciosamente los requisitos formales de la vinculación con las empresas: convenios, acuerdos, órdenes de trabajo, etc., en todos los casos, para prever la modalidad de financiamiento (total o parcial) por parte de quien lo solicita (art. 4). En su artículo 5, además, establece que “[las unidades académicas] podrán asignar remuneraciones adicionales al personal involucrado”, acción que entraba en contradicción con lo que, a la vez, se establecía en otras normas sobre los docentes de dedicación exclusiva quienes podrían, a partir de entonces, cobrar honorarios.

Estas condiciones podían significar amplias ventajas para algunas facultades de la UNCo que estaban en condiciones favorables para brindar servicios pagos. Así, la disposición institucional a través de las nuevas normativas y la presión regional derivaron en la necesidad de abrir los ámbitos universitarios a las instituciones y a la sociedad, la cual se concretó en iniciativas de diferente relevancia y a través de convenios, como los que se firmaron con las provincias de Río Negro y del Neuquén, con diversos municipios, con otras universidades y con gremios, fundaciones y cámaras empresariales.

La última etapa de este proceso fue coronada por la normativa que, a partir de 1993, instala en el ámbito de la universidad la aplicación del Programa Nacional de Incentivos a los Docentes Investigadores, que se concretaría en 1994, a partir del cual aumentan sustantivamente la cantidad de docentes involucrados en estos al tiempo que los de extensión iban disminuyendo pero, a su vez, aumentaban los ingresos por actividades de «Servicios a Terceros», pasando de $ 366 248, en 1992 a $ 2 373 000 en 1997. Como contrapartida, el segmento comunitario que compartía los proyectos de extensión no pensados como servicios pagos sino como actividad en conjunto con la Universidad fue progresivamente excluido.51

Es de destacar que el notable crecimiento en investigación impactó en las actividades de extensión, aunque esto constituyera una paradoja, ya que en la relación entre investigación y extensión estaban ambas destinadas a atender los problemas de la comunidad y, en esa dinámica, la extensión difundiría los resultados de la investigación. Uno de los factores fundamentales, afirman Ponce de León et al,52 consistió en la posibilidad de “obtener remuneraciones adicionales” por parte de quienes desarrollaran servicios a terceros ya que, en un contexto de salarios congelados, fueron abandonando la extensión hacia actividades económicamente más atractivas y más aún al implementarse el Programa de Incentivos Docentes a los Investigadores.

Hacia 1996 y por Ordenanza nro. 471, se aprobó la nueva reglamentación de modelos de utilidad, marcas y propiedad intelectual y la creación de un régimen de concursos para la incorporación de becarios de transferencia tecnológica.

De este modo la universidad se fue perfilando en aquellos años como un modelo de «Universidad eficiente», a través de reglamentaciones que, al tiempo de generar recursos propios, ejercerían mayor control y disposición de los recursos financieros que se generaran. En este sentido, lo que fue planteado como nuevo modelo no fue más que una reactualización de lo más conservador de la política universitaria. Restauración neoconservadora que fue el sello de la política en la argentina de los años 90.

El interés por retomar la política de extensión en la Universidad Nacional del Comahue radica en que, de los postulados de la Reforma Universitaria de 1918, la extensión universitaria nace con el mandato de vincular sus actividades con la comunidad en términos de integración democrática, compromiso y orientación social de la misma.

A partir de entonces, la «extensión» se ha definido en función de diversas actividades que la constituyeron a lo largo del tiempo, dando lugar a una marcada heterogeneidad en sus opciones que no aparecen en el resto de las funciones universitarias.

Por ello, analizar la política de extensión que se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Comahue nos permite reflexionar acerca del sentido que asumió, sobre todo en la década del 90. Así, el análisis de la relación entre «extensión» y «normativa» en la UNCo —conjuntamente con las recomendaciones de los organismos internacionales y la Secretaría de Políticas Públicas— permitió visualizar una notable disminución de la actividad de extensión en dicha década.

La necesidad de generar fondos propios, la implementación del programa de incentivos a los docentes investigadores, la reglamentación de la actividad de extensión y la creación-reglamentación de la «transferencia de servicios» formaron parte del conjunto de reglas y lógicas en las que se fue configurando un perfil diferente al de la concepción que le asignaba una función social a la universidad, al mismo tiempo que se asistía a la redefinición de la extensión universitaria para presenciar su creciente vaciamiento.

Dicho proceso se advirtió en la UNCo en una notoria disminución de las actividades extensionistas que fueron acompañadas por un proceso de desplazamiento, en un alto porcentaje, de la carga horaria de extensión hacia la investigación. Del mismo modo, pudo advertirse en el aumento de los montos de la partida de «recursos propios», que son los ingresos de fondos por actividades que la institución arancela.

En definitiva, en los términos que afirmaba Norma Paviglianiti sobre las universidades nacionales,53 se intentó recuperar en la historia de la UNCo parte del proceso por el cual se pasó de una reconstrucción bajo los principios de la Reforma, luego de 1983, a una reconversión neoconservadora en los años 90. Se procuró visualizar las condiciones a través de las cuales la universidad, aun partiendo de un Estatuto aprobado en 1985 que prometía “transferir los beneficios de su acción científica, cultural y social directamente sobre la sociedad que la sustenta, mediante la extensión universitaria”, culmina priorizando la transferencia de servicios arancelados. La sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995, coronó ese proceso y habilitó su desenlace.

Ante la reedición de modelos de macroeconomía que vuelven a atentar contra la universidad pública a través del ahogo presupuestario, vale la tarea de analizar los procesos que gestaron modelos de «extensión» más ligados a generar recursos propios, al financiamiento externo y a una lógica de eficiencia, que a atender a las necesidades de su medio o articular con ellas.

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1 Susana Vior y Norma Paviglianiti, “La política universitaria del gobierno nacional (1980-1994)”, Revista Espacios, nro. 15, Diciembre 1994-marzo 1995, pp. s/r.

2 Andrés Ponce de León, Laura Nuguer e Inés Turpín, “La política de extensión en la UNComahue de los ´90”, ponencia presentada en el X Coloquio de Historia de la Educación, Murcia, 1998.

3 José Agustín Cano Menoni, “Lineamientos para el desarrollo de la extensión universitaria“, en “Políticas y líneas de acción”, CLACSO, Marzo 2015, p.2.

4 Ibíd., p.2.

5 M. Fresán Orozco, “La extensión universitaria y la Universidad Pública”, Revista Reencuentro, nro. 39, 2004, p.48, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34003906 [Consulta 4 de julio de 2018]

6 Domingo Piga, “La extensión como comunicación”, Notas sobre la conceptualización de la extensión universitaria. Cuadernos de Extensión Universitaria, 1981, pp. 49-50.

7 Andrés Ponce de León, Laura Nuguer e Inés Turpín, “La política de extensión…”, p. 585.

8 Guillermo Savloff, “Diez conceptos sobre la extensión universitaria” en Graciela Iuorno, La extensión universitaria en la Norpatagonia (1973-1976), Cipolletti, Parigiani, 2009.

9 “La aparente paradoja de que la lucha por la democratización universitaria y social se produzca después de un golpe de Estado, debe ser comprendida como resultado del papel jugado por el movimiento estudiantil reformista y el sector progresista católico integrado en el Humanismo durante los años anteriores y, en particular, en el último período de la segunda presidencia de Perón”, en Silvia Brusilovsky, “Educación popular en la universidad reformista: El departamento de Extensión Universitaria de la UBA (1956-1966)”, Anuario Sociedad Argentina de Historia de la Educación, Vol.2, 1999, p.34.

10 Ibíd., p.35.

11 Laura Rovelli, “Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada”, Temas y Debates/17/artículos, Agosto 2009, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Disponible en https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1839/TyD17Rovelli_Laura.pdf?sequence=1&isAllowed= [consulta 6 de agosto de 2018]

12 Taquini, 1972: XIII, en Laura Rovelli, “Del plan a la política de creación…”, p. 126.

13 CONADE/CONASE, 1971: 173 en Mariana Mendonça, “La creación de nuevas universidades nacionales en la década de los años setenta. Continuidades y rupturas del plan Taquini en el marco de la coyuntura política nacional (1966-1973)” en Perfiles educativos, disponible en http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/39496 p.177 [Consulta 6 de agosto de 2018]

14 Ibíd., p. 178.

15 Alcira Trincheri, “Las tinieblas en la Universidad: el ‘adelantado proceso’ en el Comahue”, en Kaufmann, C. (Dir.) (2018), Dictadura y Educación, Tomo 2, Depuraciones y vigilancia en las Universidades Nacionales Argentinas, Salamanca, España. Edita: Fahren House, p.69

16 Es considerable hacer mención al artículo de Norma García y Silvio Winderbaun (1998) en el cual trabajan los antecedentes de la creación de la Universidad Nacional del Comahue. En el mismo se hace mención a los Institutos rionegrinos creados a partir del año 1962 y al proyecto de ley para la creación de la Universidad de Río Negro en mayo de 1961 y que no fue aprobada por la Legislatura provincial. Así también, se alude a la fundación de la Universidad del Neuquén en el año 1964: “La argumentación desarrollista sobre la cual se pretendía sustentar la transformación –tecnificación, racionalidad, eficiencia- llevada a concebir a la institución educativa como políticamente neutra, a tal punto que se planteó que la política debía erradicarse de su seno” Norma García y Silvio Winderbaun “Los antecedentes de la Universidad Nacional del Comahue: entre proyectos y concreciones” en Universidad Nacional del Comahue. 1972-1997. Una historia de 25 años., Neuquén, EDUCO, 1998, p. 8.

17 “La creación de la Universidad del Neuquén en 1964, reconoció como antecedente directo el Instituto Provincial del Profesorado Secundario (…) creado en septiembre de 1961”. Ibid., p.9.

18 Alcira Trincheri, “Las tinieblas en la Universidad…”, p. 39

19 José Echenique “El movimiento estudiantil universitario del Comahue (1970-1976)”, en Favaro, o. (Coord.) (2005), Sujetos sociales y políticas: historia reciente de la Nordpatagonia argentina, Buenos Aires. La Colmena, p.221.

20 Laura Rovelli, “Del plan a la política de creación de nuevas…”, .p 133

21 Ibíd., pp.132-134.

22 José Echenique, “El movimiento estudiantil universitario …”, p. 224.

23 Juan Quintar, Beatriz Gentile, Susana Debattista y Carla Bertello, “La Universidad Nacional del Comahue en los años 70: de la rebelión creativa a la reacción universitaria”, en Universidad Nacional del Comahue. 1972-1997. Una historia de 25 años., Neuquén, EDUCO, 1998.

24 Alcira Trincheri, “Las tinieblas en la Universidad…”, p. 68.

25 Decreto del PEN Nº 2158/74: Visto la situación imperante en la Universidad Nacional del Comahue, y Considerando: Que es público y notorio que están dadas las causales previstas en el artículo 51 de la Ley 20654, El Presidente de la Nación Argentina , Decreta: Artículo 1° Interviénese la Universidad Nacional del Comahue hasta el 31 de marzo de 1975 Artículo 2° Nómbrase Interventor de la Universidad Nacional del Comahue al Profesor Universitario en Sociología señor Remus Tetu (MI 54700986) quien ejercerá sus funciones con las atribuciones que el artículo 57 de la Ley 20654 confiere a los Rectores Normalizadores. Buenos Aires, 30 de diciembre de 1974. Ibíd., p. 67.

26 Alcira Trincheri, “Las tinieblas en la Universidad…”, pp. 69-71.

27 Conferencia de prensa brindada por Remus Tetu, Diario Río Negro, 17/01/1975, en Juan Quintar, Beatriz Gentile, Susana Debattista y Carla Bertello, “La Universidad Nacional del Comahue…”, p. 60.

28 Res. nro. 0176/74. Este proyecto fue creado en el Centro Universitario Bariloche y su objetivo fue recuperar desde investigaciones etnohistóricas y lingüísticas la cultura mapuche. Graciela Iuorno La extensión universitaria en la Norpatagonia, p. 144.

29 Res. nº. 0961/74.

30 Graciela Iuorno La extensión universitaria en la Norpatagonia (1973-1976), p. 188.

31 Juan Quintar, Beatriz Gentile, Susana Debattista y Carla Bertello, “La Universidad Nacional del Comahue…”, p. 67.

32 Ibid. p. 68.

33 Res. Nº. 0343/80. Aprueba Programa de Actividades Culturales de la Secretaría de Extensión.

34 Graciela Landriscini, “La Universidad en la recuperación de la democracia y la dificultosa reconstrucción de su identidad”, en Universidad Nacional del Comahue. 1972-1997. Una historia de 25 años, Neuquén, EDUCO, 1998.

35 Memoria 1986-1989. Secretaría de Investigación. Universidad Nacional del Comahue (1990).

36 Durante la gestión de Oscar Bressan (1986/1990) el Secretario de Investigación fue el Cdor. Eduardo Mutchinick, quien además ejerció el cargo de secretario de Extensión desde 1988 por la renuncia de Walter Pérez.

37 No existe normativa en la cual se plantee la división de estas Secretarías en cada Unidad Académica. Cada una de ellas optaron por subdividirlas en distintos años y por diversos motivos. A efectos de este artículo, podemos afirmar que en el caso de algunas Facultades esta distinción se realizó por cuestiones de presupuesto, en otras, a medida que la Secretaría de Investigación se fortalecía como área, se inicia la estructuración del área de Extensión; y finalmente en otros casos, dependió de las medidas políticas y de gestión implementadas por cada Unidad Académica. A modo de ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, la distinción entre ambas Secretarías se produce en el año 1995 bajo la gestión de la Dra. Mariela Marsolla.

38 Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue, punto V, art.66, 1985.

39 Graciela Landriscini, “La Universidad…”, p. 96.

40 Durante la gestión del Lic. Pablo Boholavsky (1990-1994), la Secretaría de Investigación estuvo a cargo de la Dra. Ana María Pechen de DÁngelo y la Secretaria de Extensión a cargo de la Prof. Ana Barreneche.

41 Ley 24521/95 de Educación Superior: “Es la primera norma que legisla para toda la educación superior. No resuelve ni la histórica división universitario/no universitario, ni la diferenciación en el interior de la formación de docentes según el nivel del sistema educativo en el cual irán a desempeñarse sus graduados. Tampoco resuelve los problemas vinculados con el carácter terminal de la formación docente para el nivel primario. Desde nuestra perspectiva, esta ley no tuvo la intención de lograr una mejora efectiva de la educación superior, sino limitar la autonomía de las universidades nacionales, reconocer mayores derechos a las universidades privadas y, fundamentalmente, introducir la posibilidad de restricciones para el ingreso de los estudiantes y el arancelamiento de los estudios, tal como se “recomendara” en diferentes documentos del Banco Mundial”. Susana Vior y Norma Paviglianiti “La política…)”, p. 15.

42 Ley 24521/95 de Educación Superior , (art. 59, inc. C): “Podrán dictar normas relacionadas a la generación de recursos adicionales a los aportes del tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos, o servicios (…) derechos o tasa por los servicios que presta así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”.

43 BID-Banco Interamericano de Desarrollo, 1997, “La educación superior en América Latina y el Caribe: documento de estrategia”, Washington DC.

44 Promulgada por el Decreto nro. 562 del 18-8-1989, Establece las privatizaciones y la participación del capital privado a través del programa de Propiedad Participada y establece el Plan de Emergencia de empleo, entre otras medidas.

45 Promulgada por el Decreto nro. 769 del 15-9-89. A partir de ella se suspenden Beneficios promocionales y se adoptan medidas económicas en razón del estado de emergencia por el que atraviesa el Estado Nacional.

46 Documento escrito a partir de una reunión llevada a cabo en 1989 en la ciudad homónima —a la que asistieron economistas, intelectuales, funcionarios de organismos internacionales de crédito—, redactado por John Williamson, intitulado “What Washington Means by Policy Reform” y en el que los defensores del neoliberalismo sintetizaban en un decálogo las políticas que Latinoamérica debía llevar a cabo para situarse en el primer mundo: 1) disciplina fiscal; 2) reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3) reforma tributaria; 4) liberación de las tasas de interés; 5) tipos de cambio competitivos; 6) libre comercio; 7) apertura a la inversión extranjera directa; 8) privatización de empresas públicas; 9) desregulación; 10) garantizar los derechos de propiedad privada.

47 Pablo Gentili, Proyecto neoconservador y crisis educativa, Buenos Aires, CEAL, 1994.

48 Sandra Carli, “La cuestión universitaria en la Argentina (2006-2009). Debates, dilemas e hipótesis históricas”, en II das Jornadas de Historia de la Universidad Argentina. Los Polvorines, UNGS, 2010.

49 Adriana Puiggrós, La otra reforma. Desde la educación menemista al fin de siglo, Buenos Aires, Galerna, 1997, p.2.

50 Ordenanza UNCo nro. 918/93.nnnn

51 Andrés Ponce de León, Laura Nuguer e Inés Turpín “La política de extensión…”, pp. 589-591.

52 Ibíd., p. 592.

53 Norma Paviglianiti, “La política universitaria del período 1989-1995.Una lectura desde la legislación” Clío & Asociados. La Historia Enseñada, vol. I, nro. 1, 1996.